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Archive for 18/02/13

Borbonear

 

     La palabra borbonear no figura en el diccionario de la RAE. Pero se utilizó mucho en España durante un tiempo dilatado, sobre todo para definir el ventajismo, la falta de visión de largo plazo, el regate corto, la manipulación de voluntades que caracterizó el reinado de un pícaro llamado Alfonso XIII, que lo practicaba con el objeto de “dominar absolutamente la política española”, según la feliz concisión de Javier Moreno Luzón en su biografía del rey.

     Sus herederos, el fracasado rey Juan III, y el rey Juan Carlos I, se vieron en numerosas ocasiones acusados de llevarlo en sus genes, junto con la muy concreta lacra hemofílica y el inidentificable rasgo que les definía como portadores de legitimidades dinásticas.

     El término es feliz, porque permite hacer chacota sobre el poder, algo que siempre ayuda a sobrellevar la dureza de la vida cotidiana de los mediocres mortales. Lo que pasa es que los resultados de su uso excesivo han resultado algunas veces ser trágicos en la historia española, y eso le quita gracia al asunto.

     Borboneó Alfoso XIII, y eso ayudó a que se produjeran la matanza de Annual y la guerra civil. Borboneó don Juan de Borbón, y eso ayudó muy probablemente a que la dictadura franquista se perpetuara. Y borboneó, o estuvo al borde de hacerlo, que eso ya lo veremos, Juan Carlos I, y eso llevó a España a colocarse (si es que fue así) cerca del abismo en un par de ocasiones.

     Que la práctica del borboneo haya tenido tan importante influencia en los destinos de un país se debe a una circunstancia anómala: a que una parte importante (a veces, todo) del poder se haya concentrado durante demasiado tiempo, en demasiadas ocasiones, en las manos de alguien que, con independencia de sus cualidades personales o sus defectos igualmente personales, por la absurda razón de que perteneciera a una familia determinada.

     Una anomalía que es histórica, que ha afectado a la gran mayoría de los países que se suponían civilizados, o no, hasta hace pocas décadas, que sigue afectando a países de tan indiscutible tradición democrática como Gran Bretaña. Una anomalía que no ha ido contra la normalidad, sino contra la razón: una anomalía que se llama monarquía.

     La Constitución de 1978, el texto más democrático que ha regido la organización política del Estado en toda la historia española, contiene párrafos de importancia sustancial que provocarían el escándalo de cualquier marciano experto en Derecho Constitucional pero que desconociera los avatares del devenir político español.

     En el artículo 14 de la ley suprema, se reconoce que “todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”. A pesar de esa solemne declaración, el punto 3 del artículo 56 establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y en el artículo 57 se establece que la Corona de España “es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”. Luego, ese mismo artículo desarrolla que la herencia de la responsabilidad tendrá un orden en que prevalecerá la primogenitura y el sexo. Por supuesto, del varón sobre la mujer.

     La amarga experiencia del borboneo y de otras actitudes parecidas en Europa, hizo que los redactores de la Constitución de 1978 tomaran algunas precauciones importantes para preservar la democracia de posibles actitudes indeseables por parte del rey. La más importante es la de que el rey sólo puede tomar decisiones de carácter político cuando estén refrendadas por el presidente del gobierno, los ministros implicados, o la presidencia del Congreso de los diputados.

     Es evidente que esta precaución elimina muchas incertidumbres, protege del posible borboneo practicado, por ejemplo, por Alfonso XIII. Pero sigue habiendo una anomalía descomunal en la declaración del rey como persona inviolable y no sujeta a responsabilidad. La declaración de que todos los españoles son iguales ante la ley y esta prerrogativa chocan de manera escandalosa.

     No es menos chocante la función que se le entrega al rey: es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Y esta auténtica encarnación de un abstracto será transmitida por vía familiar.

     Hay que aceptar que, probablemente, salvo que Iñaki Urdangarín y su estupendo socio, el profesor de Negocios Diego Torres (debe ser bastante bueno), se empeñen en acelerar las cosas, el debate sobre el asunto no tenga que tener lugar ya mismo. Pero debemos estar preparados, porque los sumarios judiciales, cuando se ponen en marcha y los abogados no consiguen hacerlos eternos, pueden convertirse en bombas de relojería.

     Quizá, con mucha suavidad habría que plantearse darle algunos retoques al sistema. Como, por ejemplo, en cuestiones como la transparencia que hace poco reclamaba Juan José Solozábal en una entrevista en este periódico.

     El Papa Benedicto XVI acaba de abrir un camino casi inédito en la renuncia a la máxima representación de lo suyo. Y vemos que lo más seguro es que no pase nada. Incluso, es posible que lo que suceda sea bueno para limpiar la Iglesia Católica, tan podrida como una comunidad autónoma levantina española.

     ¿Renuncia y sucesión? ¿Por qué no? Sin bronca.

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